Así se ha expresado Jesús Martín Blanco, delegado del CERMI para los Derechos Humanos y la Convención de la ONU, en el evento virtual organizado por la Fundación ONCE sobre “Ética para una IA inclusiva”.

 

La inteligencia artificial aprende a base de algoritmos, a base de grandes cantidades de datos, pero si en estos datos no hay ejemplos positivos por ejemplo de las personas con discapacidad, la IA tenderá a subrepresentarla, a ignorarla y por tanto a discriminarla, señaló Martín Blanco.

 

La inteligencia artificial, apuntó el representante del CERMI, suscita importantes cuestiones éticas en relación con la naturaleza, la inocuidad y la idoneidad de esas tecnologías, así como sus repercusiones en la vida de las personas con discapacidad. Estas herramientas punteras ofrecen a la Humanidad una capacidad sin precedentes de “prevenir” y “subsanar” la discapacidad, si esta es considerada una anomalía que hay que superar.  

 

Existe la preocupación genuina de que el resultado será no solo un aumento de las prácticas discriminatorias, sino también una disminución general de la aceptación y solidaridad de la sociedad en relación con la diversidad y la diferencia, advirtió Martín Blanco.

 

Porque las percepciones negativas profundamente arraigadas sobre el valor de la vida de estas personas siguen siendo un obstáculo permanente en todas las sociedades. Esas percepciones surgen –incidió el responsable de Derechos Humanos del CERMI- de lo que se ha denominado capacitismo: un sistema de valores que considera que determinadas características típicas del cuerpo y la mente son fundamentales para vivir una vida que merezca la pena ser vivida. Y hay que estar vigilantes ara que la inteligencia artificial no se nutra del capacitismo y se vuelva a repetir los patrones de exclusión tradicionales.

 

Por conjurar estos peligros, el CERMI ha señalado como cuestiones nucleares de la posición de la discapacidad organizada que el despliegue y gestión de la IA ha de estar sometido a procedimientos democráticos de gobernanza, que garanticen la transparencia, la rendición de cuentas y la participación de todos los grupos de interés en la toma de decisiones y en la validación de soluciones. Las personas con discapacidad son un grupo de interés legítimo de la IA que ha de tener asegurado un rol en el gobierno de estos sistemas. 

 

Los principios, valores y mandatos de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de 2006 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible/Agenda 2030 de Naciones Unidas han de constituir en todo caso el marco referencial y de prescripición de la IA en relación con las personas con discapacidad, concluyó Martín Blanco.